La burocracia y los largos tiempos para obtener permisos de pesca estarían generando condiciones que favorecen la actividad furtiva en las costas de Quintana Roo, situación que afecta directamente a los pescadores que trabajan de manera regular, advirtió el diputado Filiberto Martínez Méndez, integrante de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero del Congreso del Estado.

Durante una reunión de la comisión, el legislador señaló que mientras los pescadores locales deben cumplir con distintos trámites y procesos administrativos para contar con autorización para trabajar, personas que operan fuera de la legalidad aprovechan los periodos de espera para realizar actividades de pesca durante la noche.

La situación no solamente representa un problema para la vigilancia de los recursos pesqueros, sino que también tiene un impacto económico para las cooperativas y trabajadores del sector, debido a que los pescadores furtivos pueden sustraer productos en zonas donde operan los productores locales.

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“Lo que sí ocurre es que en las noches el pirataje y en las noches los pescadores furtivos vienen y se roban el producto de esos pescadores de Quintana Roo cuando, en tanto, nuestros pescadores están haciendo el proceso y el procedimiento para poder acceder legalmente a esos permisos, pues hay quienes están haciendo pesca sin permiso”, argumentó.

Martínez Méndez planteó que la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero establezca reuniones de trabajo directamente con autoridades de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), con el propósito de revisar los procedimientos actuales y buscar mecanismos que permitan reducir los tiempos de respuesta.

El objetivo, explicó, sería facilitar que los pescadores que cumplen con los requisitos puedan obtener sus permisos en menor tiempo y contar con certeza para desarrollar su actividad, sin que los procesos administrativos se conviertan en un obstáculo para quienes buscan trabajar dentro del marco legal.

También se planteó la necesidad de contar con padrones actualizados de los productores pesqueros de Quintana Roo, de manera que las autoridades puedan identificar con mayor precisión a quienes cuentan con permisos y a los integrantes de las cooperativas que requieren regularizar su situación.