El sargazo dejó de ser hace mucho tiempo una molestia estacional para convertirse en una auténtica emergencia ambiental, económica y social en Quintana Roo. De norte a sur, las montañas de sargazo, los mares achocolatados y playas pestilentes evidencian que la situación está totalmente fuera de control. 

Ya no se trata únicamente de la mala imagen para el turismo. El problema está golpeando directamente a quienes viven del día a día: trabajadores de restaurantes, pescadores, prestadores de servicios turísticos, comerciantes y empleados de hoteles que observan cómo se vacían las calles, los bares, los cuartos y las mesas. 

Pero lo preocupante es que existe una fuerte resistencia de las autoridades ambientales del estado a reconocer públicamente la magnitud del problema, es decir, para ellos no pasa nada, todo es normal, ya pasará, no hay que exagerar. 

Mientras empresarios y cámaras del sector turístico lanzan S.O.S. una y otra vez, no hay respuesta del otro lado. Ellos insisten en la necesidad de solicitar una declaratoria de emergencia ambiental, “¿Qué están esperando?”, insisten.  

Pero las autoridades ambientales sostienen el discurso que busca transmitir normalidad, aun cuando las imágenes que circulan diariamente en redes sociales muestran playas devoradas por la macroalga. 

Y quizá sea precisamente ahí donde radica el problema. Reconocer una emergencia implica aceptar que las capacidades locales han sido rebasadas. Nadie quiere generar incomodidades políticas ni enviar mensajes que pudieran interpretarse como críticas a la estrategia federal de atención al fenómeno, sobre todo, en estos tiempos del mundial.  

Impensable echar a perder esta gran fiesta, donde se destinan más recursos para los Fut Fest, que al combate del sargazo. A un recolector de sargazo se le paga 100 pesos por hora, mientras que un permiso de transmisión del mundial en un Fut Fest ronda los 280 mil pesos.  

La Marina también pone su “granito de arena”, al anunciar que retirará los barcos sargaceros para darles mantenimiento, justo ahora, cuando los turistas y prestadores de servicios turísticos se ahogan en el sargazo. 

Pero así como hay malas decisiones también hay propuestas, más que necesarias, urgentes. La solicitud de declarar una emergencia ambiental no resulta descabellada. Por el contrario, permitiría movilizar mayores recursos humanos, técnicos y financieros, involucrando de manera coordinada a dependencias estatales y federales. 

En este contexto, también merece atención la propuesta de la senadora Mayuli Martínez, quien plantea destinar el 15% del Derecho de No Residente, para financiar acciones permanentes de combate al sargazo, que tan solo el año pasado, recaudó 96 mil millones de pesos. 

Urge que la riqueza que genera el turismo retorne a la protección de los ecosistemas que precisamente hacen posible esa actividad económica, porque seguir tapando el sol con el dedo y negar la gravedad del problema no hará desaparecer el sargazo.