Las democracias no solo enfrentan amenazas externas como la inseguridad, la corrupción o la desigualdad. También padecen un enemigo silencioso que se instala dentro de las propias instituciones: LOS PARASITOS INSTITUCIONALES. No son todos los servidores públicos, sino aquellos tan solo aquellos, que han convertido el servicio al Estado en un medio para preservar privilegios, influencias y posiciones de poder, sin generar beneficios reales para la sociedad, y hoy más que nunca la salud se ha posicionado como punta de lanza.

Su mayor talento consiste en sobrevivir. Permanecen  como fósiles anquilosados cuando les conviene, se adaptan al discurso del directivo en turno y construyen redes donde la lealtad política vale más que la capacidad profesional. No administran para resolver problemas; administran para conservar espacios de poder.

La simulación es su principal herramienta. Mientras los ciudadanos esperan soluciones concretas, ellos producen discursos, organizan eventos, inauguran obras inconclusas y presentan informes cuidadosamente diseñados para mostrar avances que muchas veces no corresponden con la realidad. La propaganda termina sustituyendo a los resultados.

Esta práctica tiene un alto costo. Cada cargo innecesario, cada asesor sin funciones claras, cada estructura burocrática creada para pagar favores políticos representa recursos que dejan de invertirse en hospitales, escuelas, seguridad, infraestructura o programas sociales. El problema no es el tamaño del Estado, sino la presencia de quienes viven de él sin contribuir a su funcionamiento.

El daño más profundo, sin embargo, no es económico sino institucional. Cuando el mérito es desplazado por el compadrazgo, el clientelismo y la obediencia política, las instituciones comienzan a perder talento. Los profesionales preparados encuentran cada vez menos incentivos para permanecer en el servicio público, mientras prosperan quienes dominan el arte de la complacencia y la simulación,  incrustados  ante la falta de verdaderos líderes como en otrora época.

Con el tiempo, la mediocridad deja de ser una excepción para convertirse en norma. La innovación incomoda, la crítica se castiga y la eficiencia amenaza intereses establecidos. Así, las instituciones dejan de servir al ciudadano para convertirse en estructuras dedicadas a proteger a quienes las controlan.

El resultado es un doliente cada vez más desconfiado, toda vez que percibe porque percibe una enorme distancia entre los discursos oficiales y la realidad gotezcamente irrespetuosa. La confianza pública no se pierde únicamente por los grandes escándalos de corrupción; también se erosiona cuando la ineficiencia se normaliza, la impunidad administrativa prevalece y nadie responde por los malos resultados.

Combatir este parasitismo exige mucho más que cambiar cuerpos de gobierno. Requiere profesionalizar el servicio público, establecer evaluaciones objetivas, eliminando maquillajes numéricos a modo y eliminando privilegios, adquiridos por contubernios,  bien “planchados”.

Las instituciones no fracasan únicamente por falta de presupuesto. También fracasan cuando quienes las dirigen olvidan que el poder es una responsabilidad temporal y no un patrimonio propio. Un Estado  o institución fuerte, no se mide por el número de oficinas, funcionarios o múltiples fotos en las redes, sino por su capacidad para ofrecer resultados verificables y responder a las necesidades de la población. ¡El morador del Mayab sigue esperando!