Un juez de control de Playa del Carmen suspendido a inicios del año tras ser grabado aparentemente agrediendo a una mujer, mantiene un sueldo de más de 68 mil pesos mensuales, de acuerdo con un reporte de Transparencia. 

¿Qué revela el informe de Transparencia?

Según el primer informe trimestral emitido por el Poder Judicial de Quintana Roo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el juez especializado en delitos contra la mujer mantiene un sueldo mensual total de 68 mil 718 pesos con 40 centavos. 

De acuerdo con la agenda de audiencias de juzgados del Sistema Penal Acusatorio de Quintana Roo, en ninguna sede tiene registro de actividad judicial, desde principios de 2026. 

Asimismo, en otro apartado del informe de la citada plataforma, el juzgador penal de primera instancia se encuentra activo como personal del Poder Judicial de Quintana Roo. 

Fue electo en la pasada elección y su sede era Playa del Carmen, donde verifica audiencias iniciales por delitos contra la mujer. En un video que circuló en redes sociales, se aprecia el momento de una supuesta agresión contra una mujer en el fraccionamiento Palmaris, de Cancún 

¿Cómo surgió la investigación en su contra?

Este medio de comunicación dio a conocer a finales del año pasado que, el Poder Judicial de Quintana Roo anunció una investigación contra el juez por presunta agresión, luego de los hechos registrados el 24 de diciembre en el municipio de Benito Juárez. 

La indagatoria se inició tras recibirse una denuncia anónima el 26 de diciembre de 2025 a través del sistema electrónico institucional, la cual fue sustentada con imágenes difundidas en redes sociales.

De acuerdo con la información oficial, la denuncia hace referencia a un incidente ocurrido durante las primeras horas del 24 de diciembre en una zona residencial ubicada al sur de la ciudad de Cancún. En los hechos, presuntamente estuvo involucrado el citado juez y una mujer, quien habría sido víctima de una agresión.

El material gráfico que circuló en plataformas digitales fue considerado como un elemento relevante para dar inicio a las diligencias correspondientes, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades administrativas, aunque hasta el momento se desconoce si la suspensión continúa.