El Ayuntamiento de Isla Mujeres promovió una iniciativa para que el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) absorba el servicio de transporte público de pasajeros por un periodo de 15 años.

La propuesta ingresó a la XVIII Legislatura del Estado, mediante un proyecto de decreto firmado por la alcaldesa de dicho municipio, Atenea Gómez Ricalde. Esta medida solicita la aprobación del convenio de asunción de atribuciones entre el Poder Ejecutivo estatal, a través del Imoveqroo, y el municipio isleño, con el fin de contrarrestar el grave rezago operativo existente.

De acuerdo con los diagnósticos técnicos realizados por las dependencias municipales, el sistema actual padece de una cobertura extremadamente limitada e incumplimientos críticos por la empresa concesionaria actual. Se detectó que, de los 128 circuitos autorizados distribuidos en cuatro rutas, únicamente cuatro circuitos se encuentran operando con apenas cuatro unidades vehiculares en funcionamiento regular, dejando desprotegidos tanto a los habitantes locales como a los visitantes.

A esto se suma un crecimiento desmedido del parque vehicular privado, con un incremento superior al 50% en automóviles y más del 40% en motocicletas en los últimos cinco años. Dicha situación genera saturación vial constante e incrementa los tiempos de traslado, la contaminación y los riesgos de accidentes, principalmente en la zona insular debido al limitado espacio físico de las calles del territorio.

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El convenio estipula que el Imoveqroo centralizará de manera exclusiva las facultades de administración, reorganizan rutas, control de flota, regularización de títulos de concesión, supervisión operativa y la recaudación de ingresos. Asimismo, este esquema permitirá la incorporación gradual de la demarcación al Sistema Integrado de Transporte de Quintana Roo, facilitando la modernización tecnológica y la transición hacia una flota vehicular de cero emisiones.

Las autoridades municipales justificaron que la vigencia establecida de 15 es completamente indispensable para otorgar certeza jurídica y la necesaria estabilidad financiera a las fuertes inversiones de largo plazo requeridas en infraestructura vial y paraderos adaptados. El cambio de administraciones estatales o municipales no afectará la validez de este importante acuerdo intergubernamental, diseñado estratégicamente para garantizar con inclusión social el legítimo derecho humano a la movilidad eficiente en toda la región de la isla.