Un convenio firmado entre el Gobierno Federal y el Sistema DIF Quintana Roo permitirá validar en tiempo real la identidad de los beneficiarios de los programas de asistencia social en la entidad.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación y la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), formalizó un estratégico convenio de coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). La alianza tiene como propósito fundamental promover la adopción, el uso y la certificación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) entre todos los usuarios de los programas de asistencia social que se ejecutan en la entidad. 

Gracias a este instrumento jurídico tendrán una interconexión  directa con los servicios web de la plataforma nacional administrada por la dependencia federal. De esta manera, el personal operativo de la institución quintanarroense estará facultado para consultar, verificar y validar en tiempo real el estatus de la CURP de miles de personas, cruzando datos personales y documentos probatorios que den sustento al registro de población. 

Blindan DIF Quintana Roo y Renapo datos con CURP

Esta herramienta tecnológica resulta clave para la correcta conformación de los padrones de beneficiarios en seis programas sociales estatales, entre los que destacan Alimentación Escolar, Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días, Salud y Bienestar Comunitario, así como la atención a personas vulnerables y en situación de emergencia.

Todas estas acciones se alinean con los requerimientos operativos de los fondos federales del Ramo General 33, garantizando un manejo transparente e integral de los apoyos.  En el marco del acuerdo, el organismo asistencial local remitirá semestralmente archivos de confronta a la base nacional para mantener actualizada la información y auxiliará a los ciudadanos en la canalización ante los registros civiles para corregir discrepancias.

La autoridad federal vigilará el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad informática, disponiendo la suspensión inmediata de las plataformas ante cualquier uso indebido o intento de vulneración de los sistemas. 

Las dos dependencias establecieron sólidas cláusulas de confidencialidad para proteger los datos personales de la población atendida, prohibiendo categóricamente la cesión o transferencia de información a terceros.

La vigencia del convenio se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2030, asegurando la continuidad de las políticas públicas de asistencia social.