Falsificar medicamentos es lucrar con la vulnerabilidad humana. Una caja convincente puede esconder un tratamiento ineficaz, una sustancia peligrosa o una esperanza robada. El “huachicol” de medicamnentos amenaza la seguridad del paciente y puede inutilizar el esfuerzo del mejor médico. México necesita enfrentar urgentemente esa clandestinidad con vigilancia efectiva, no únicamente con comunicados.

El crecimiento de las advertencias exige atención. Una iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria el 6 de noviembre de 2023 recogió un comparativo de Anafarmex sobre alertas de Cofepris: una mensual, en promedio, durante 2022, frente a cuatro mensuales en 2023 hasta entonces. Es un incremento del 300% en ese indicador. Sería incorrecto convertirlo en crecimiento comprobado de ventas ilícitas: las alertas reflejan detección y comunicación del riesgo, no una medición completa del mercado clandestino. (gaceta.diputados.gob.mx⁠)

La amenaza continúa. En marzo de 2026, Cofepris informó sobre Ozempic falsificado; en septiembre, una comunicación oficial difundida por la autoridad sanitaria capitalina advirtió sobre meropenem falsificado. La delincuencia invade tratamientos cuya autenticidad resulta indispensable. La propia autoridad recuerda que los productos falsificados carecen de garantías de calidad para un consumo seguro (https://www.agepsa.cdmx.gob.mx/⁠).

¿Quién debe impedirlo? La Ley General de Salud responde. Su artículo 17 Bis atribuye a la Secretaría de Salud, mediante Cofepris, regulación, control y vigilancia sanitaria. El 393 responsabiliza también a los gobiernos estatales, dentro de sus competencias. El 464 Ter contempla entre tres y quince años de prisión por falsificar o adulterar medicamentos, y entre uno y nueve por comercializar o distribuir los productos descritos.

Existe obligación legal; corresponde exigir cumplimiento (https://web.diputados.gob.mx/inicio⁠). 
Publicar alertas es necesario, pero insuficiente. La ciudadanía merece saber cuántas inspecciones terminan en aseguramientos, cuántas redes son desmanteladas y cuántas investigaciones alcanzan sentencia. Cada autoridad debe rendir cuentas sobre sus actuaciones. Una regulación que advierte del peligro, pero no demuestra cómo lo contiene, deja al enfermo cargando una responsabilidad que pertenece al Estado.

El desabasto, los precios inaccesibles y la búsqueda desesperada de tratamientos pueden favorecer compras inseguras. Esta vulnerabilidad exige abasto oportuno, proveedores verificables y trazabilidad desde la fabricación hasta la dispensación. Hospitales, distribuidores y farmacias deben documentar procedencia, almacenamiento y lotes; las autoridades deben comprobarlos y perseguir penalmente las conductas delictivas.

Acudir al médico tratante, evitar la automedicación, comprar en establecimientos formales y denunciar irregularidades reduce riesgos. Sin embargo, una receta no autentica por sí sola el medicamento adquirido. La protección requiere pacientes informados y vigilancia institucional competente.

¿Está preparado el gobierno? Debe demostrarlo con resultados públicos, verificables y sostenidos. La factura pendiente es combatir la clandestinidad antes de que alcance al paciente. Quien falsifica negocia con vidas; quien incumple su deber de vigilancia debe responder por sus omisiones. La salud mexicana exige controles eficaces, investigación criminal y responsabilidades claras, sin excusas burocráticas ni propaganda triunfalista.