Yucatán crece, pero sus servicios de salud no avanzan al mismo ritmo. El resultado es una infraestructura atomizada, hospitales saturados y trabajadores convertidos injustamente en el rostro visible de decisiones presupuestales y administrativas que no tomaron.

Los datos oficiales impiden maquillar el problema. El Censo de Población y Vivienda del INEGI registró 2 millones 320 mil 898 habitantes en Yucatán en 2020, frente a un millón 955 mil 577 en 2010: un crecimiento de 18.7 por ciento en una década, superior al 12.2 por ciento nacional. Mérida y su zona conurbada concentran buena parte de esa expansión, pero continúan recibiendo pacientes de los 106 municipios y de estados vecinos.

La población aumentó; las necesidades cambiaron; la infraestructura no se fortaleció proporcionalmente. Crecieron la diabetes, obesidad, cáncer, enfermedad renal, padecimientos cardiovasculares y demanda geriátrica, mientras numerosas unidades siguen trabajando con espacios, plantillas y equipos diseñados para otra realidad demográfica. Se inauguran áreas o se anuncian obras, pero una ampliación aislada no constituye una red funcional.

El problema rebasa Yucatán. La medición de pobreza multidimensional 2024 del INEGI reveló que 34.2 por ciento de la población mexicana, aproximadamente 44.5 millones de personas, carecía de acceso a servicios de salud. La OCDE reporta para México alrededor de una cama hospitalaria por cada mil habitantes, frente a más de cuatro en promedio entre sus integrantes. Hablar de cobertura universal bajo semejante estrechez resulta, cuando menos, temerario.

La fragmentación también enferma al sistema. IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, servicios estatales e IMSS-Bienestar operan con padrones, presupuestos, expedientes y cadenas de suministro distintas. El paciente atraviesa ese archipiélago buscando citas, estudios, medicamentos, referencia o una cama. Cada institución presume productividad; nadie responde por el recorrido completo.

Y todavía se culpa al médico, a la enfermera, al camillero, al químico o al administrativo. Se les exige resolver lo imposible con guardias extenuantes, plazas insuficientes, contratos precarios, violencia laboral y materiales incompletos. Agredir o desacreditar al personal no produce medicamentos ni abre camas: únicamente destruye vocaciones y acelera el agotamiento profesional.

Gobernar exige anticipar, no inaugurar tarde. Yucatán y México necesitan planeación vinculante basada en crecimiento poblacional, edad, carga de enfermedad y movilidad regional; presupuesto multianual; atención primaria resolutiva; hospitales regionales; interoperabilidad de expedientes; mantenimiento verificable y plantillas acordes con demanda real.

Cada hospital debe publicar tiempos de espera, ocupación, recetas surtidas completamente, cirugías diferidas, personal por turno y fallas de equipo. Sin indicadores abiertos, el discurso puede presumir éxito mientras los pasillos cuentan otra historia.

Respetar a la población significa atenderla oportunamente. Respetar al trabajador sanitario significa darle condiciones para hacerlo. Todo lo demás es propaganda construida sobre cansancio, dolor y silencio institucional, que ya no pueden ocultarse con ceremonias ni estadísticas.