Columna de Kenia Duarte Carrillo
Una abeja no sabe qué es un amparo. El agua subterránea no conoce la línea que separa Campeche de Yucatán. Un cenote no distingue entre una competencia federal y una estatal. Y una niña no debería aprender el lenguaje de los tribunales para pedir que el lugar donde crece siga siendo habitable.

Sin embargo, todos han llegado, de una forma u otra, hasta la Suprema Corte. En los últimos meses hemos visto cuatro asuntos que parecen distintos: las comunidades mayas de Hopelchén que piden reconocer a las abejas como sujetos de derechos; la sentencia que ordenó proteger el agua frente a indicios de plaguicidas; la petición para reconocer personalidad jurídica al Anillo de Cenotes y a sus comunidades como guardianas; y el litigio iniciado por niñas, niños y adolescentes de Homún frente a una megagranja porcícola.

Pero quizá el error sea mirarlos por separado. La península lleva años diciendo que el territorio no funciona como nuestros expedientes. Lo que cae sobre la tierra puede llegar al agua; lo que afecta a las abejas alcanza la alimentación y la economía de las familias; lo que transforma un cenote toca también memoria, cultura y vida comunitaria. Aquí, naturaleza y derechos están obligados a conversar, aunque nuestras instituciones todavía prefieran repartirlos entre ventanillas.

Y estos cuatro casos tampoco están solos. En 2020, habitantes de 21 pueblos mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo presentaron una denuncia ambiental regional contra los impactos de granjas porcícolas. Este año, la Corte reconoció el interés legítimo de personas mayas de Sitilpech, Kinchil y Chapab para cuestionar una norma que regula esas instalaciones. En junio, después de siete años de defensa jurídica, San José Tipcéh y Planchac consiguieron que se confirmara la cancelación de los proyectos solares Ticul A y Ticul B.

Antes, Hopelchén ya había llevado a la justicia la defensa de la apicultura maya frente a la soya transgénica. Aquella lucha trascendió México y obtuvo reconocimiento internacional con el Premio Ambiental Goldman otorgado en 2020 a Leydy Pech, quien atribuyó el logro a la organización colectiva de las comunidades.

Sería tentador declarar a la península como el referente nacional de la defensa territorial. Conviene no correr tanto: México tiene luchas ambientales históricas en muchas regiones. Pero los hechos sí permiten afirmar algo: la península se ha convertido en uno de los territorios que están obligando al derecho ambiental mexicano a formularse nuevas preguntas.

No sólo la miran los tribunales. Este año, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos volvió la mirada hacia los impactos de la agroindustria, los plaguicidas y los criaderos industriales en la región, así como hacia quienes defienden estos territorios.

Y ahí quizá está lo más importante. Los precedentes no nacen espontáneamente en los escritorios de una Corte. Antes hubo comunidades reuniéndose, apicultores contando colmenas muertas, familias preguntándose qué había en el agua, niñas y niños cuyos nombres tuvieron que entrar en un amparo y personas aprendiendo leyes que nunca pensaron necesitar. 

La península está llegando a la Corte porque primero decidió defenderse fuera de ella. Tal vez todavía sea pronto para saber qué responderán los ministros a todas estas preguntas. Pero no es pronto para escuchar lo que el territorio lleva años repitiendo. Las abejas, el agua, los cenotes y las infancias llegaron por caminos distintos. Quizá el derecho descubra, al escucharlos, que siempre estuvieron hablando de lo mismo: de cómo queremos seguir habitando esta tierra.