En Panamá, del 22 al 24 de junio, se celebró la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, bajo el lema “América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá”, y con el tema central del multilateralismo en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad de los Estados miembros. No es un asunto menor: aunque estos encuentros parezcan lejanos para el ciudadano común, muchas de las ideas que ahí se discuten terminan influyendo en las políticas públicas, las leyes y la interpretación de los derechos humanos en nuestros países.

Uno de los espacios más significativos fue el diálogo con actores de la sociedad civil, donde distintas coaliciones respondieron preguntas formuladas por la OEA. Este ejercicio confirma algo fundamental: la democracia no se agota en los gobiernos. También se construye desde la participación ciudadana, desde las organizaciones que trabajan en territorio, desde quienes defienden la vida, la familia, la libertad, la dignidad humana, la educación, la seguridad y el bien común.

En la sesión plenaria, varios Estados miembros dejaron ver las preocupaciones más urgentes de la región. Perú subrayó la dignidad humana como valor irrenunciable y llamó a fortalecer una OEA austera, resiliente y financieramente sostenible. Paraguay fue especialmente claro al defender la vida desde la concepción, advertir sobre la necesidad de prevenir crisis y denunciar que Cuba y Nicaragua siguen siendo una “herida abierta” en el hemisferio. Costa Rica, por su parte, insistió en la defensa del Estado de derecho, la libertad de los presos políticos en Venezuela y la urgencia de combatir el narcotráfico, la trata de personas y los delitos cibernéticos.

También resonaron las intervenciones de Barbados, que alertó sobre la expansión de la ilegalidad como una enfermedad; Guatemala, que recordó que la democracia no puede darse por sentada; Honduras, que pidió colocar a la persona humana en el centro de las políticas públicas; y El Salvador, que lanzó una pregunta incómoda pero necesaria: ¿está respondiendo realmente el Sistema Interamericano a las necesidades de nuestros pueblos?

México centró su intervención en la política social, el principio de no intervención, la defensa de los derechos humanos, la protección de las personas migrantes y la cooperación contra el crimen organizado con respeto a la soberanía nacional. También impulsó la igualdad sustantiva, los sistemas de cuidado y una agenda transversal e interseccional.

Más allá de las diferencias entre países, hubo coincidencias claras: la región enfrenta amenazas graves en materia de seguridad, debilitamiento institucional, pobreza, migración forzada, crimen organizado y pérdida de confianza ciudadana. Pero también quedó en evidencia una tensión de fondo: no todos entendemos los derechos humanos desde la misma raíz antropológica. Para algunos, el centro debe ser la dignidad inherente de toda persona; para otros, los derechos se interpretan desde agendas ideológicas cambiantes que muchas veces terminan dividiendo más que uniendo.

Por eso es tan importante que la sociedad civil participe en estos foros. Si las familias, las comunidades religiosas, las organizaciones provida, los educadores y los ciudadanos comprometidos se ausentan, otros ocuparán esos espacios y hablarán en nombre de todos. La defensa de la dignidad humana no se libra únicamente en los congresos locales o nacionales; también se libra en los organismos internacionales, donde el lenguaje importa, las resoluciones pesan y las omisiones tienen consecuencias.

La 56ª Asamblea General de la OEA nos recuerda que América necesita diálogo, sí, pero no cualquier diálogo: necesita un diálogo fundado en la verdad sobre la persona humana, en el respeto a la vida, en la libertad, en la justicia y en instituciones que realmente sirvan a los pueblos. Porque cuando la democracia se desconecta de la dignidad humana, deja de ser servicio y se convierte en simple administración del poder.