Columna de Edgar Fernando Cruz:
El choque ideológico que se ha dado entre la presidencia y la televisora de Ricardo Salinas es un tema que trasciende en lo político; exige un debate sobre la ética y la moral para regresar a cada actor a su lugar. Investigar hechos públicos, reportear y comunicar proyectos de gobierno con veracidad es obligación de todo medio. Comunicar con ética el análisis y las interpretaciones editoriales son un derecho y una garantía a la libertad de expresión. A eso hay que apegarse.

Hacer desde la presidencia un llamado a cambiar de medio de comunicación es una falta ética. ¿Cómo apartar, desde esa tribuna, la opinión personal de la comunicación de gobierno? No hay forma: el lugar y la figura de la conferencia matutina la convierten en comunicación de Estado. La reacción de la televisora fue iracunda; se enganchó en el ring al que la subió el poder con una estrategia diseñada para desnudar su inclinación ideológica derechista. La invitación presidencial a no ver TV Azteca pareció un lapsus, pero en el fondo fue una provocación al exhibicionismo, a un striptease editorial que raya en la propaganda negativa.

Hoy vale la pena detenernos a formular una pregunta elemental para nuestra salud democrática: ¿cuál es la verdadera norma de comunicación en una conferencia de prensa del gobierno en el poder? En teoría, el manual es claro: la norma dicta que la Presidenta de la República debe encabezar el podio para informar sobre las acciones, planes y resultados de su administración en beneficio de la ciudadanía, así como responder con apertura a las preguntas de los periodistas que buscan mantener informada a la sociedad. En principio, estaríamos hablando de un ejercicio sano y necesario de rendición de cuentas.

Pero no vamos a engañarnos. Detrás de la mampara informativa presenciamos, en gran parte, una estrategia de proselitismo en favor del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación. Cada mañana, el espacio se convierte en un megáfono abierto para promocionar una agenda partidista y asegurar el voto de cara al futuro. ¿Hasta dónde es lícito defender una bandera partidaria desde una tribuna que se financia en su totalidad con recursos públicos, pagados por todos los contribuyentes? ¿En qué momento este ejercicio de Estado se transforma en una competencia inequitativa para las fuerzas políticas del país?

La jefa de Estado debería ceñirse estrictamente a su mandato: informar sobre planes de gobierno, ejecutar acciones, entregar resultados y rendir cuentas. Lamentablemente no es así; el espacio institucional se ha diluido en beneficio de la causa electoral.

La censura en el siglo XXI no necesita tijeras físicas ni clausuras violentas de imprentas. Hoy en día es un fenómeno complejo que se debate en las sombras, camuflado bajo formas sutiles. Ya no se trata solo de silenciar, sino de saturar: se siembran contenidos falsos, se filtran de manera calculada los llamados “trascendidos” y se beneficia con recursos públicos a los medios cómodos que coinciden ideológicamente con el régimen, además de financiar a una nueva red de influencers contratados para replicar la narrativa oficial sin cuestionamientos.

La disminución del gasto publicitario gubernamental ha terminado por doblar a muchas empresas de comunicación ante la asfixia financiera. Aquí radica el fondo del problema: es una obligación constitucional del Estado comunicar sus acciones a todos los ciudadanos por igual. Al restringir el flujo publicitario y castigar a ciertos medios por su línea editorial, el gobierno no solo afecta a una empresa; está dejando deliberadamente fuera de la información gubernamental a una parte importante de la población que consume esos espacios, vulnerando el derecho a saber de las audiencias.

Paso de Gato: Chichén Itzá, la joya de la corona del turismo mexicano, recibe a diario a más de 8 mil visitantes de todo el mundo. Hoy, sin embargo, está bajo la sombra de pérdidas millonarias; un impacto que no solo afecta los ingresos directos a la zona arqueológica, sino que golpea el corazón de la economía familiar de más de 600 artesanos y comerciantes mayas de Pisté. La resolución de este conflicto
es una enorme deuda pendiente del INAH.