Luego de tres días protestas a cargo de más de 600 trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Progreso, quienes reclaman al alcalde Erik Rihani González incremento salarial y la firma del contrato colectivo de trabajo, ambos correspondientes al año 2026, ayer el munícipe convocó a los cuatro líderes sindicales a una reunión programada para el próximo lunes 13 de julio por la tarde.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Progreso, Guadalupe Alejandra Flores Garrido manifestó que en la jornada de ayer el ayuntamiento les hizo llegar un oficio para participar en una mesa de diálogo sobre el aumento salarial, convocatoria que aceptarán porque, dijo, desde el inicio del conflicto la organización ha manifestado disposición para negociar.

Advirtió que mantendrá su postura de exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo y rechazó cualquier condicionamiento para otorgar prestaciones que, aseguró, ya están establecidas en la ley.

Dijo que la principal exigencia sigue siendo que el incremento salarial se aplique conforme al tabulador de 2026 y no con base en el correspondiente a 2025, además de regularizar a los trabajadores que aún perciben salarios inferiores al mínimo vigente.

La dirigente afirmó que una parte importante de la plantilla continúa recibiendo remuneraciones con referencias salariales de años anteriores, situación que consideró contraria a la legislación laboral.

Flores Garrido también señaló que la administración municipal pretende condicionar la actualización del salario mínimo a la aceptación de un proyecto de seguridad social diseñado por un despacho privado, el cual contemplaría una aportación del 15 por ciento por parte de los trabajadores.

Dijo que ese esquema sería administrado mediante una cuenta particular y no a través del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, como establece el marco legal, además de que contradice el contrato colectivo vigente, el cual señala que las jubilaciones y pensiones son responsabilidad del ayuntamiento sin aportaciones obligatorias de los empleados.

La dirigente sindical precisó que el conflicto involucra dos temas distintos: por un lado, la actualización del salario mínimo para quienes aún no la reciben y, por otro, la revisión económica anual prevista
en el contrato colectivo para todos los trabajadores sindicalizados.

Recordó que durante una reunión previa el alcalde únicamente ofreció reconocer el incremento para quienes ganan menos del salario mínimo, dejando fuera al resto del personal, propuesta que el sindicato rechazó al considerar que vulnera derechos laborales adquiridos.

Asimismo, señaló que en 2026 corresponde realizar tanto la revisión económica anual como la revisión clausular del contrato colectivo, por lo que insistió en que el Ayuntamiento está obligado a cumplir ambos procesos.