Aranceles de Trump a Canadá: ¿tienen sustento legal?
Un análisis sobre la reactivación de la Sección 338 de 1930 por Donald Trump, sus riesgos legales y su impacto en el comercio con Canadá.
Donald Trump reactivó la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 para imponer un gravamen del 50% a importaciones canadienses por 20.000 millones de dólares, medida que agravó la guerra comercial entre ambos países.
¿Qué es la Sección 338?
La Sección 338 forma parte de la Ley Smoot-Hawley de 1930, una legislación impulsada en pleno colapso de la Gran Depresión con el objetivo de proteger a los productores estadounidenses mediante el alza de aranceles a cientos de productos.
A diferencia de otros mecanismos, esta norma facultó al presidente para fijar de manera unilateral impuestos a la importación de hasta el 50% a aquellos países que incurran en discriminación comercial contra empresas de Estados Unidos.
A pesar de su alcance, la disposición permaneció sin utilizarse ni someterse a control judicial durante 96 años. Registros históricos del Departamento de Estado revelan que la administración estadounidense evaluó su aplicación en disputas contra España en 1932 y contra China en 1949; sin embargo, en ambas ocasiones se descartó su ejecución.
Tras el periodo de posguerra, la política exterior de Washington priorizó la negociación multilateral para la apertura de mercados en lugar de las sanciones unilaterales, dejando el precepto legal en desuso.
¿Tienen sustento legal los aranceles a Canadá?
El recurso a esta norma de la era de la Depresión plantea dudas entre especialistas en derecho comercial.
Al no existir jurisprudencia sobre el tema, "esta ley es, literalmente, un lienzo en blanco porque nunca se ha litigado", sostuvo Ryan Majerus, socio de King & Spalding y exfuncionario de comercio de Estados Unidos.
Por su parte, analistas y grupos de defensa legal sostienen que la legislación de 1930 fue superada por marcos normativos posteriores que acotaron las facultades del Ejecutivo. Entre las objeciones principales destacan:
- Falta de proporcionalidad: Académicos como Peter Harrell y Jennifer Hillman señalan en la revista Reason que la ley solo autoriza gravámenes que compensen el daño demostrado. En el caso canadiense, la Casa Blanca no calculó el perjuicio económico a sus sectores agrícola o automotriz e incluyó bienes no relacionados, como cemento y palos de hockey.
- Sobreposición legislativa: Especialistas del Liberty Justice Center argumentan que la Sección 338 quedó obsoleta tras la promulgación de la Ley de Expansión Comercial de 1962 y la Ley de Comercio de 1974, las cuales exigieron investigaciones previas y delimitaron las sanciones a causales específicas como la seguridad nacional.
- Incongruencia en acuerdos vigentes: Las regulaciones que restringen el acceso al mercado lácteo canadiense fueron aceptadas por el propio gobierno estadounidense durante la negociación del tratado comercial trinacional de su primer mandato, lo que debilita el argumento de una discriminación imprevista.
Riesgos de los aranceles de Trump
Aunque la aplicación del gravamen provocó la respuesta inmediata de Ottawa con medidas equivalentes "dólar por dólar", la vía judicial contra la disposición enfrenta barreras prácticas.
Herramientas arancelarias previas del Ejecutivo han sido frenadas por los tribunales —incluyendo un fallo de la Corte Suprema en febrero contra el uso de leyes de seguridad nacional de 1977—, pero hasta el momento ninguna empresa ha presentado una demanda formal contra la Sección 338.
Esta ausencia de litigios responde tanto a la complejidad procesal de demandar al Estado como a que el impacto actual representa el 5% de las importaciones canadienses, un volumen menor en comparación con los aranceles globales aplicados en 2025.
Sin embargo, analistas advierten que la ratificación o rechazo de este mecanismo en cortes fijará un antecedente decisivo para el margen de maniobra del proteccionismo estadounidense en el comercio internacional.
Sección 338 en resumen
- Faculta al Ejecutivo estadounidense a aplicar aranceles de hasta 50% sin aval previo del Congreso ante supuesta discriminación comercial.
- Es la primera vez en 96 años que un presidente activa esta disposición, la cual carece de antecedentes en tribunales.
- Juristas argumentan que la norma fue desplazada por las leyes comerciales de 1962 y 1974, que exigen investigaciones previas.
- La medida actual afectó 20.000 millones de dólares en importaciones y derivó en represalias comerciales inmediatas por parte de Canadá.
- La falta de impugnaciones judiciales hasta el momento obedece a la complejidad de demandar al gobierno y al alcance acotado del volumen afectado.
(Con información de The Associated Press)
