Toda censura empieza por una buena historia
Las libertades rara vez desaparecen de un día para otro. Casi nunca ocurre que un gobierno anuncie abiertamente su intención de limitar la expresión...
Las libertades rara vez desaparecen de un día para otro. Casi nunca ocurre que un gobierno anuncie abiertamente su intención de limitar la expresión de sus ciudadanos. La historia demuestra que los controles más duraderos suelen llegar envueltos en discursos razonables, apelando al interés público, a la seguridad o al bienestar colectivo.
En las últimas semanas comenzó a tomar forma una narrativa que insiste en la necesidad de "ordenar" las redes sociales y a la inteligencia artificial. Se habla de proteger a los jóvenes, combatir la desinformación, cuidar la soberanía tecnológica e incluso defender los intereses nacionales.
A primera vista, pocos podrían oponerse a objetivos tan nobles. Después de todo, internet está lejos de ser un espacio perfecto y la inteligencia artificial plantea desafíos que apenas comenzamos a comprender.
El problema aparece cuando el discurso deja de concentrarse en los usuarios y comienza a colocar al gobierno como el actor indispensable para que la tecnología funcione correctamente, y es acá donde se encienden las alertas.
Porque una cosa es promover la educación digital o impulsar políticas públicas que ayuden a comprender mejor las nuevas tecnologías; y otra muy distinta consiste en convencer a la sociedad de que las redes sociales y la inteligencia artificial necesitan de la intervención gubernamental para convertirse en herramientas útiles o responsables; cuando lo que sí se requiere son ciudadanos capaces de utilizarlas con criterio.
Existe una diferencia enorme entre formar usuarios responsables y construir la idea de que solo una autoridad puede decidir cuáles son los límites aceptables de la conversación pública. Esa diferencia, aunque parezca sutil, separa una democracia digital de un modelo donde el poder comienza a administrar la circulación de las ideas.
Cuando una sociedad acepta que determinado problema solo puede resolverse mediante un mayor control estatal, el siguiente paso suele ser ampliar poco a poco ese margen de intervención. Hoy se habla de contenidos dañinos; mañana podrán ser discursos considerados inconvenientes. Hoy se invoca la protección de los menores; mañana podría apelarse a la estabilidad institucional, al interés nacional o a cualquier otro concepto suficientemente amplio como para justificar nuevas restricciones.
¿Quién define el ‘significado’ de lo que ocurre en redes? He ahí la cuestión
Conceptos como "contenido nocivo", "desinformación", "manipulación" o incluso "uso responsable de la inteligencia artificial" requieren criterios claros, transparentes y sujetos al escrutinio público. De lo contrario, corren el riesgo de convertirse en etiquetas flexibles que cambian según las necesidades políticas del momento.
Por eso conviene observar con cuidado la campaña que empieza a construirse alrededor de este tema.
No necesariamente porque exista una decisión tomada de censurar internet de manera inmediata, sino porque poco a poco se busca instalar una idea mucho más profunda: que las plataformas digitales son incapaces de autorregularse, que los ciudadanos no poseen el criterio suficiente para desenvolverse en ellas y que, por lo tanto, hace falta un árbitro institucional que determine cómo deben funcionar.
En lugar de fortalecer la alfabetización digital, la educación tecnológica y el pensamiento crítico, transfiere la solución al aparato gubernamental. En vez de formar ciudadanos capaces de identificar una manipulación o verificar una fuente, les hace creer que alguien más resolverá el problema por ellos: una lógica muy cómoda para quien ostenta el poder.
La inteligencia artificial no necesita un gobierno que piense por nosotros. Las redes sociales tampoco requieren una autoridad que determine cuáles opiniones merecen existir y cuáles deben desaparecer. Ese es el debate que realmente deberíamos sostener.
No si las redes sociales o la inteligencia artificial necesitan reglas; la pregunta es otra: ¿queremos reglas que fortalezcan la capacidad de los ciudadanos para decidir por sí mismos o reglas que los acostumbren a depender del Estado para distinguir qué pueden pensar, leer, compartir o cuestionar?
La respuesta definirá mucho más que el futuro de la tecnología. Definirá la manera en que entendemos nuestra propia libertad.
