Quintana Roo continúa vendiendo al mundo una imagen de prosperidad, playas paradisíacas y cifras históricas de crecimiento. Sin embargo, detrás del escaparate turístico se esconde una realidad que no puede maquillarse con campañas de promoción: el incremento de casos de cyclosporiasis, múltiples enfermedades virales respiratorias, como influenza y COVID-19, entre muchas,que exhibe las vulnerabilidades de un sistema de prevención que parece avanzar con menor velocidad que los propios agentes infecciosos.

La salud pública no puede seguir siendo la hermana menor del desarrollo económico. El éxito turístico pierde sentido cuando las condiciones sanitarias no evolucionan al mismo ritmo que la expansión urbana y poblacional. Hoteles de primer nivel conviven con zonas donde el drenaje, el abastecimiento de agua potable, el manejo de residuos y el saneamiento continúan enfrentando desafíos. La infraestructura sanitaria no debería llegar después del crecimiento; tendría que anticiparlo.

Las altas temperaturas, la humedad permanente y las lluvias intensas crean un ambiente ideal para la supervivencia de microorganismos. La cyclosporiasis, transmitida por agua y alimentos contaminados, es un recordatorio de que basta una sola falla en la cadena sanitaria para afectar a cientos de personas. Cuando la vigilancia de la calidad integral alimentaria falla, los riesgos aumentan inevitablemente.

A ello se suma un fenómeno que define a Quintana Roo: la movilidad humana. Millones de turistas cruzan sus aeropuertos y carreteras; miles de trabajadores migran desde otros estados y países buscando oportunidades. Las temporadas vacacionales multiplican la concentración en hoteles, playas, restaurantes, centros comerciales y terminales de transporte. Esa dinámica impulsa la economía, pero también facilita la circulación de virus, bacterias y parásitos. Ignorar esta realidad epidemiológica sería cerrar los ojos ante un riesgo evidente.

La vigilancia epidemiológica enfrenta un desafío permanente. Cuando convergen brotes de distintas enfermedades, aumenta la demanda de consultas, pruebas diagnósticas y acciones de control. Más que preguntarse si el sistema está rebasado, la discusión debería centrarse en si dispone de los recursos humanos, tecnológicos y presupuestales suficientes para responder con la rapidez que exige un estado con una movilidad poblacional extraordinaria. En salud pública, llegar tarde equivale a conceder ventaja a la enfermedad.

Tampoco puede omitirse la responsabilidad individual. La automedicación, el abandono de la vacunación, el consumo de agua de origen incierto, la deficiente higiene de alimentos y la costumbre de acudir a espacios públicos aun estando enfermo siguen alimentando la cadena de contagios. La prevención comienza en casa, pero necesita ser respaldada por instituciones fuertes y políticas públicas consistentes.

La verdadera fortaleza estatal no se mide por la ocupación hotelera durante las vacaciones. Se mide por su capacidad para impedir que el crecimiento económico conviva con enfermedades prevenibles. Los retos son compartidos, donde las autoridades tienen que reforzar la vigilancia epidemiológica, garantizar agua potable segura, fortalecer el saneamiento, supervisar con rigor los alimentos pero sobre todo comunicar con absoluta transparencia los riesgos sanitarios. A la ciudadanía corresponde abandonar la indiferencia y asumir que la salud colectiva es piedra angular para su calidad de vida.