El mexicano es tonto y por eso, en lugar de enseñarle, hay que prohibirle. Esa parece la filosofía que se desprende de ciertas decisiones públicas cada vez que aparece un problema relacionado con la tecnología: si los niños se distraen con el celular, se restringe el celular; si las redes sociales generan riesgos, se habla de regularlas; si la inteligencia artificial plantea desafíos, se considera limitar su uso.

La solución parece estar siempre en quitar la herramienta, no en enseñar a utilizarla. Con ello en mente, El Gobierno Federal decidió restringir el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar en primarias y secundarias, mientras que en la educación media superior cada institución definirá sus propias condiciones.

El objetivo declarado es mejorar la atención, fortalecer la convivencia y favorecer el desarrollo de las capacidades cognitivas. Es una intención que puede parecer razonable, pero que también obliga a formular una pregunta: ¿qué ocurre cuando el estudiante sale de la escuela y vuelve a encontrarse con la misma tecnología?

El celular puede permanecer guardado durante cinco o seis horas, pero no desaparece de la vida del alumno. Lo espera en casa, en el transporte, durante la comida y antes de dormir. Si no existe una formación que le permita comprender cómo utilizarlo, la prohibición escolar solo habrá resuelto una parte muy limitada del problema.

El asunto no es defender que los estudiantes utilicen el teléfono sin límites. La escuela necesita condiciones que permitan aprender, y un dispositivo puede convertirse en una distracción cuando interrumpe la atención. Pero establecer reglas no debería significar que la educación digital quede relegada a un segundo plano: una cosa es limitar el uso de una herramienta en determinados espacios y otra muy distinta es actuar como si esa herramienta fuera el enemigo.

La tecnología no se va a marchar porque decidamos que los niños no la toquen durante la jornada escolar. El teléfono no es una fruta prohibida que, una vez retirada del salón de clases, dejará de despertar interés. Al contrario, cuando una autoridad presenta algo únicamente como peligroso, sin explicar sus usos, sus límites y sus consecuencias, corre el riesgo de convertirlo en un objeto que se conoce desde la curiosidad, pero no desde la responsabilidad.

Y esa es la parte que parece faltar en la discusión: enseñar a utilizar la tecnología de manera razonada y razonable.

Un estudiante debería saber que el celular puede servir para investigar, crear, comunicarse y aprender, pero también que puede consumir su tiempo, exponerlo a riesgos y condicionar su atención. Debería conocer cómo funcionan las redes sociales, por qué determinados contenidos aparecen en su pantalla, qué información comparte y cómo identificar una mentira digital. También tendría que comprender que la inteligencia artificial puede ayudarle a desarrollar una idea, pero no sustituir su capacidad de pensar, verificar y tomar decisiones.

Nada de eso se consigue únicamente retirando el teléfono: la autoridad puede anunciar una restricción, establecer un protocolo y presentar la medida como una acción concreta frente a un problema complejo. Enseñar, en cambio, exige tiempo, capacitación, seguimiento y la participación de docentes y familias. Obliga a reconocer que la formación digital no termina cuando suena el timbre de salida, y sobre todo, que la responsabilidad tampoco puede recaer exclusivamente en la escuela.

La educación en casa resulta fundamental, pero tampoco sería justo trasladarle todo el problema a los padres. Las escuelas tienen la obligación de formar a los estudiantes para el mundo que les toca vivir, uno donde la tecnología llegó para quedarse.

Tampoco conviene idealizar el pasado. Antes de los teléfonos inteligentes existían otras distracciones, otras dificultades de convivencia y otras formas de evadir el aprendizaje. El celular no explica por sí solo la falta de atención, la ausencia de hábitos de estudio o las dificultades de socialización.

La pregunta, entonces, no debería ser únicamente por qué se prohíben los celulares. También habría que preguntar qué programa educativo acompañará esa decisión, cómo se enseñará el uso responsable de la tecnología y de qué manera se evaluará si la restricción realmente mejora el aprendizaje. Porque si la medida se limita a retirar dispositivos sin fortalecer las capacidades de los estudiantes, estaremos ante una solución administrativa para un problema que necesita una respuesta educativa.

El celular puede salir del aula. La tecnología, en cambio, ya forma parte de la vida. Y si la escuela no enseña a convivir con ella, la prohibición no habrá formado estudiantes más preparados: solo habrá retrasado el momento en que tendrán que aprender por su cuenta.