México no merece que la política sea una escuela de cinismo. Cada insulto convertido en espectáculo, cada abuso celebrado como astucia y cada enriquecimiento ilícito que queda impune enseñan una lección peligrosa: servir es de ingenuos y aprovecharse del poder es de triunfadores. Después nos preguntamos por qué se pierde la confianza en las instituciones. ¿Qué valores esperamos transmitir si disculpamos en nuestros representantes aquello que condenamos en nuestros hijos?

La corrupción no roba dinero: destruye oportunidades y erosiona la convivencia. Cuando un funcionario convierte su cargo en negocio, traiciona al ciudadano que trabaja, paga impuestos y espera servicios dignos. Cuando una autoridad acomoda permisos, contratos o decisiones para beneficiar intereses particulares, la equidad se vuelve una burla. El presupuesto tiene destinatarios de carne y hueso: pacientes, estudiantes, trabajadores y familias. Desviarlo significa arrebatarles posibilidades de vivir mejor.

Comprar una casa o un terreno no demuestra, por sí solo, corrupción. Lo que debemos exigir es claridad sobre el origen de los recursos y la ausencia de conflictos de interés. Nadie debe ser condenado por rumores, pero tampoco protegido por sus amistades políticas. Quien ejerce poder público tiene que rendir cuentas. Si existen indicios de irregularidades, corresponde investigarlos con independencia. El patrimonio legítimo se acredita; el enriquecimiento ilícito se investiga y, cuando se demuestra, se sanciona.

Los pleitos tampoco son una anécdota inocente. Debatir es necesario; humillar, amenazar e insultar degrada la representación pública. Las Cámaras deben producir soluciones, no concursos de prepotencia. Cada escándalo que desplaza el trabajo alimenta el desencanto y normaliza la agresión como respuesta al desacuerdo. No podemos exigir respeto en las escuelas mientras aplaudimos la vulgaridad en las tribunas. La autoridad pierde credibilidad cuando pide una conducta que ella misma desprecia.

Sin embargo, nuestros jóvenes no están condenados a reproducir esta descomposición. También aprenden de quienes sirven con honestidad, denuncian abusos y cumplen su deber. El peligro está en presentarles la riqueza sin explicación como medida del éxito y la impunidad como señal de inteligencia. Educar exige coherencia: no basta hablar de valores si celebramos al conocido que consigue privilegios mediante influencias. La próxima generación necesita ejemplos dignos, no nuestra resignación.

¿Hasta cuándo? Mientras perdonemos al corrupto propio y condenemos únicamente al ajeno. Mientras confundamos lealtad partidista con obediencia y aceptemos favores a cambio de silencio. Ningún partido puede exigir complicidad. Ningún gobernante merece un cheque en blanco. Defender una causa no obliga a encubrir a quien la utiliza para enriquecerse.

La salida exige declaraciones patrimoniales verificadas, contratos accesibles, auditorías con seguimiento y sanciones cuando se acrediten responsabilidades. Exige proteger a los denunciantes, recuperar recursos desviados y vigilar los conflictos de interés. A nosotros nos corresponde contrastar información, organizarnos, denunciar con pruebas y votar con memoria. La conclusión es incómoda: no habrá dignidad pública mientras sigamos premiando la deshonestidad. México merece justicia, oportunidades y autoridades sujetas a la ley. ¡Basta de aplaudir a quienes convierten el servicio público en patrimonio privado!