Cancún anuncia con fanfarrias una inversión de 270 millones de dólares para desarrollar el Premier Medical Destination Center, presentado como el primer gran proyecto de nearshoring médico del sur de México. El discurso oficial habla de prosperidad compartida, empleos bien remunerados, investigación y servicios de clase mundial.

Suena maravilloso. Sin embargo, detrás de las fotografías, los aplausos y las cifras millonarias aparece una pregunta incómoda: ¿para quién trabajan nuestros gobernantes?

El proyecto estará orientado principalmente a pacientes procedentes de Estados Unidos. Mientras tanto, miles de quintanarroenses enfrentan hospitales saturados, consultas aplazadas, desabasto de medicamentos, estudios demorados y largas peregrinaciones para recibir atención especializada. Resulta ofensivo anunciar medicina de primer mundo para extranjeros cuando una parte de la población local continúa recibiendo servicios públicos marcados por carencias, abandono y desesperación.

No estamos en contra de la inversión ni del progreso. Cuestionamos un modelo capaz de convertir la enfermedad en mercancía y la salud en privilegio. El peligro es construir una medicina de dos velocidades: rápida, moderna y confortable para quien llega con dólares; lenta, insuficiente y humillante para quien nació, trabaja y paga impuestos en Quintana Roo.

¿Dónde están las cláusulas que garanticen camas, consultas y cirugías para la población vulnerable? ¿Qué porcentaje de atención será gratuito o accesible? ¿Existirán convenios con IMSS-Bienestar y hospitales públicos? ¿Participarán los especialistas locales como socios, investigadores y directivos, o solamente como mano de obra calificada al servicio de capitales externos? ¿Cuántos recursos, terrenos o incentivos públicos serán comprometidos?

Hasta ahora se ha firmado un Memorándum de Entendimiento. No se conocen contratos definitivos, calendario de construcción, fuentes completas de financiamiento, número preciso de empleos ni obligaciones sociales verificables. Por tanto, los 270 millones de dólares representan una expectativa política, no una realidad consumada.

Por otra parte, también existe el riesgo de que este complejo absorba médicos y enfermeras del sector público mediante mejores salarios, debilitando aún más los hospitales estatales. Cancún podría presumir neurocirugía avanzada para visitantes mientras Chetumal, Cozumel, la zona maya y las comunidades rurales continúan esperando especialistas, medicamentos y equipos indispensables.

La inversión será bienvenida si la “prosperidad compartida” deja de ser consigna y se convierte en obligación contractual. Deben establecerse porcentajes de atención social, formación de profesionales locales, investigación de enfermedades regionales, contratación digna y transparencia absoluta sobre recursos e incentivos gubernamentales.

Un gobierno no debe comportarse como agente promotor de negocios privados, no bien definidos. La pregunta definitiva no será cuántos millones se piensan invertir, sino que se transparente desde ahora la magna obra.

Los herederos por derecho, tan solo verán llegar aviones con pacientes extranjeros mientras continúan abandonados en una sala de espera, no será progreso sanitario: será un negocio millonario construido sobre la desigualdad y turbiedad. La pirita no es oro, tan solo se parece.

Recuerden, funcionarios, que gobernar no es arrodillarse ante el capital. Gobernar es impedir que el dinero valga más que la vida.