Actualmente hay una ola masiva de rechazo a la aplicación de programas de Inteligencia Artificial (IA) a los procesos productivos, educativos y de investigación. El temor de los efectos socioeconómicos negativos ocasionados por el uso de inteligencia artificial es patente.

Regular la inteligencia artificial es fundamental para proteger los derechos humanos, garantizar un desarrollo tecnológico ético y asegurar que esta tecnología beneficie al bien público.

Sin límites ni normas, los sistemas automatizados conllevan serios riesgos para la sociedad. Las principales razones que hacen necesaria esta regulación incluyen:

Protección contra sesgos y discriminación: Los algoritmos aprenden de datos históricos que pueden contener prejuicios. La regulación exige auditorías para evitar que la IA discrimine en áreas críticas como contrataciones laborales, concesión de créditos o decisiones judiciales.

Transparencia y rendición de cuentas: Los usuarios y afectados tienen derecho a saber cuándo interactúan con una máquina (como en el caso de la IA generativa) y quién es responsable legalmente en caso de fallos o daños.

Privacidad y uso de datos: Las herramientas de IA necesitan cantidades masivas de información para funcionar. Las normativas buscan proteger los datos sensibles de los ciudadanos frente a usos indebidos, filtraciones o vigilancia masiva.

Seguridad y fiabilidad: Es vital evitar que sistemas críticos (como la conducción autónoma, la atención médica o la infraestructura energética) sean vulnerables a hackeos o tomen decisiones autónomas sin supervisión humana.

Combate a la desinformación y el fraude: La regulación busca frenar la manipulación digital, como los deepfakes y las campañas de noticias falsas a gran escala, que amenazan la estabilidad democrática y la seguridad de las personas.

Garantía ética global: Instituciones internacionales como la UNESCO y diversos expertos promueven marcos legales adaptables que fomenten la innovación constructiva sin comprometer el bienestar social. Entender este equilibrio es central para el debate sobre la importancia de regular la inteligencia artificial.

Hace dos semanas, el gobierno estadounidense hizo algo extraordinario. Obligó a una de las principales empresas de inteligencia artificial del país a retirar del mercado su producto más avanzado. Anthropic, creadora del innovador modelo de IA Mythos y de su producto derivado, Fable, recibió muy poco aviso y, según informes, apenas 90 minutos para cumplir con la orden.

Si no se enteró de la noticia, es comprensible. Ocurrió en el contexto de la retirada del gobierno de la guerra con Irán. Sin embargo, a largo plazo, esto podría tener consecuencias más importantes. Porque la disputa entre Washington y Anthropic no se centra en una sola empresa. Es la primera batalla visible sobre quién gobierna la IA, y si esa gobernanza se llevará a cabo mediante normas e instituciones o mediante la improvisación y el poder absoluto.

A estas alturas, debería ser evidente que la IA es una tecnología de propósito general que se integrará en todos los ámbitos de la vida humana, desde los negocios y el gobierno hasta la vida personal. Y cada vez hay más indicios de que podría ser tan poderosa como se imagina.

El senador de Virginia, Mark R. Warner (demócrata), relató recientemente el testimonio del general Joshua Rudd, director de la Agencia de Seguridad Nacional y del Comando Cibernético de EE. UU., quien afirmó que el modelo más avanzado de Anthropic, Mythos, fue capaz de penetrar casi todos los sistemas clasificados del gobierno, no en semanas ni días, sino en horas.

La cuestión ahora no es si regular la IA, sino cómo. El enfoque de la administración Trump ha sido sumamente confuso.

Hace apenas dos semanas y media, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establecía un proceso de revisión voluntaria para los modelos de IA de vanguardia y otorgaba a las agencias 60 días para diseñar un marco que permitiera identificar los sistemas que requerían un escrutinio más riguroso. Apuntaba a algo sensato: supervisión estructurada, pruebas previas y umbrales claros.

Pero antes incluso de que se creara dicho proceso, el Pentágono declaró a Anthropic un "riesgo para la cadena de suministro", y la administración Trump llegó a ordenar a los departamentos federales que dejaran de usar sus sistemas.

Las preocupaciones de la administración no son infundadas. Anthropic parece haber cometido errores graves. Un informe del Washington Post sugiere que se amplió el acceso a Mythos más allá de lo que los funcionarios creían que estaba aprobado, y que luego se actuó con demasiada lentitud al responder a las preocupaciones sobre quiénes tenían permiso para usarlo. Según se informa, las agencias de inteligencia preferían una respuesta más contundente.

Pero precisamente por eso es importante el procedimiento. Cuando una tecnología adquiere tal trascendencia, las decisiones no pueden tomarse de forma improvisada por la facción que gane una batalla burocrática de fin de semana, una batalla que podría revertirse pocos días después.

En la exigencia de 90 minutos que la administración le hizo a Anthropic la semana pasada, que obligó a la empresa a desconectar su nuevo modelo, Estados Unidos les estaba diciendo a sus socios en todo el mundo: si su economía se vuelve dependiente de la infraestructura de IA estadounidense, Washington puede, arbitrariamente y sin previo aviso ni explicación, activarla o desactivarla.

Desafortunadamente, la regulación personalizada, arbitraria e impredecible parece definir el enfoque de esta administración hacia los negocios. El Gobierno de Trump, en lugar de establecer reglas y criterios claros que todos puedan cumplir, selecciona y castiga a empresas individuales, a menudo con una base legal poco clara para sus acciones. Se apresuró a adquirir una participación en Intel, obligó a Nvidia a pagarle un impuesto especial y obtuvo una "acción de oro" en U.S. Steel. En otros casos, sus acciones parecían estar vinculadas a conexiones e inversiones realizadas por amigos y familiares del presidente. Esta no es la manera de gobernar el país capitalista más avanzado del mundo.

Existe una clara animosidad entre la administración Trump y Anthropic. En el conflicto inicial entre la empresa y el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acusó a Anthropic de "traición" y "duplicidad". Altos funcionarios de la administración han criticado repetidamente a la empresa, afirmando que era progresista y que contrataba a demasiados demócratas. Trump se ha burlado públicamente de la empresa.

La IA es demasiado importante como para este tipo de ajustes de cuentas. Existe una mejor manera de avanzar, una basada en una invención estadounidense que ha funcionado extraordinariamente bien.

Los bancos se volvieron cruciales para el sistema capitalista, proporcionando el capital que fue el sustento de la economía estadounidense. Pero la banca es propensa a las crisis, que tienen enormes consecuencias.

Por lo tanto, Estados Unidos creó instituciones. La Reserva Federal sigue siendo una de las mayores invenciones institucionales de Estados Unidos, ya que combina la autoridad con la experiencia privada. Se comunica constantemente con los mercados, preservando su independencia. Realiza exámenes, lleva a cabo pruebas de estrés, establece requisitos de capital, publica directrices e interviene de forma gradual.

Lo más importante es que las normas que rigen el sector se aplican de forma amplia y coherente. Esto es, en esencia, lo que necesita la IA avanzada.

Crear una Reserva Federal para la IA, una institución independiente integrada por expertos en tecnología, seguridad nacional y negocios. Exigir a los desarrolladores de vanguardia que proporcionen acceso anticipado para su evaluación. Establecer umbrales transparentes para las capacidades peligrosas. Crear un sistema escalonado de respuestas —advertencias, medidas correctivas, despliegue condicional, restricciones— en lugar de prohibiciones abruptas. Y que estas normas se apliquen por igual a todos.

Estados Unidos debería crear un sistema similar. Europa y Japón podrían crear sus propias instituciones paralelas. Las democracias deberían coordinar sus estándares tanto como los bancos centrales coordinan la estabilidad financiera.

Esto no es un argumento para frenar la innovación. Los bancos estadounidenses han dominado el mundo gracias a su buena regulación, no a pesar de ella. Pero la velocidad sin instituciones no es dinamismo. Es una volatilidad peligrosa.

La IA se convertirá en la tecnología más importante de nuestra era. Merece una regulación inteligente, transparente, flexible y coherente, no personal, punitiva ni improvisada. El reto no reside en elegir entre innovación y supervisión. El reto es crear instituciones capaces de preservar ambas.