Cada cierto tiempo aparece una idea que, presentada de cierta manera, parece razonable. Esta vez llegó bajo un argumento difícil de rechazar: proteger a los jóvenes de los contenidos nocivos, ordenar el uso de la inteligencia artificial y abrir un debate nacional sobre la regulación de las redes sociales.

Después de todo, nadie puede negar que internet alberga desinformación, violencia, estafas, discursos de odio y un sinfín de contenidos que merecen atención. El problema comienza cuando la palabra "regular" deja de referirse a la educación y empieza a acercarse peligrosamente al control.

México ya ha vivido distintos intentos por ampliar las facultades del Estado sobre el ecosistema digital. Cambian los nombres de las iniciativas, cambian los argumentos y cambian los gobiernos, pero el dilema permanece intacto: ¿quién decide qué información puede circular y cuál debe desaparecer?

Porque cualquier gobierno, sin importar su ideología, siempre encontrará razones para justificar un mayor control sobre los espacios donde se forma la opinión pública. Unas veces será la seguridad nacional, otras, la protección de la infancia. Después aparecerán la desinformación, las noticias falsas, la inteligencia artificial o cualquier otro fenómeno tecnológico que permita construir una narrativa convincente para convencer al “pueblo bueno” que la tecnología es “algo malo”.

Todos estamos de acuerdo en que deben combatirse delitos digitales, fraudes, explotación infantil o campañas coordinadas de manipulación. Sin embargo, esos consensos suelen convertirse en la puerta de entrada para debates mucho más amplios sobre los límites de la libertad de expresión.

Pero una cosa es perseguir conductas claramente delictivas y otra muy distinta otorgar a una autoridad política la facultad de determinar qué opiniones, críticas o publicaciones resultan aceptables para la conversación pública.

Las redes sociales son muchas cosas al mismo tiempo. Son un espacio de entretenimiento, un mercado publicitario, una fuente de información y, sobre todo, una enorme plaza pública donde millones de personas expresan diariamente lo que piensan sobre gobiernos, empresas, instituciones o personajes públicos… y eso incomoda al poder, del color que sea.

La libertad de expresión nunca ha sido cómoda. Su naturaleza consiste en permitir que existan ideas que nos molestan, opiniones que consideramos equivocadas y críticas que preferiríamos no escuchar.

Curiosamente, con la inteligencia artificial ocurre algo parecido. Es verdad que plantea desafíos inéditos: imágenes falsas, voces sintéticas, campañas automatizadas y contenidos cada vez más difíciles de distinguir de la realidad. Pero el problema no desaparece entregando al poder político la facultad de decidir qué herramientas pueden utilizar los ciudadanos o bajo qué condiciones deben expresarse.

Contra el contenido nocivo se necesita educación, no censura

Necesitamos educación digital, pensamiento crítico y una ciudadanía capaz de comprender cómo funcionan los algoritmos, cómo identificar una manipulación y cómo utilizar responsablemente la inteligencia artificial. Ese tipo de regulación comienza en las escuelas, en las familias y en la formación cívica, no en una oficina gubernamental encargada de definir qué puede decirse y qué no.

La historia demuestra que los controles sobre la información rara vez permanecen limitados al “objetivo” con el que fueron presentados. Lo que hoy nace para combatir la desinformación puede terminar utilizándose mañana para limitar críticas incómodas. Lo que inicia como una regulación técnica puede transformarse, con el tiempo, en un mecanismo político.

Por eso la discusión no debería girar únicamente alrededor de las redes sociales o de la inteligencia artificial.

La verdadera pregunta es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más importante: ¿estamos dispuestos a entregar al Estado una parte del control sobre la conversación pública a cambio de sentirnos un poco más “protegidos” de nosotros mismos?

Porque la tecnología seguirá cambiando, aparecerán nuevas plataformas y surgirán herramientas todavía más poderosas que la inteligencia artificial actual. Lo único que no debería modificarse con cada innovación es el principio que sostiene cualquier democracia: que el poder puede regular conductas, pero nunca apropiarse de la libertad.