Del 1 al 7 de octubre, el IMSS exhibió una crisis que ya no admite maquillaje: familias reclamando respuestas por muertes neonatales y trabajadores marchando contra sus dirigentes. El otrora orgullo nacional pierde autoridad cuando la protección prometida se convierte en incertidumbre. Su historia exige cumplir, mientras pacientes y personal pagan las consecuencias.

En Guadalajara y Durango, los fallecimientos de recién nacidos detonaron revisiones epidemiológicas y una auditoría clínica independiente. En Jalisco se anunció la separación temporal de directivos. La presencia de microorganismos no prueba por sí sola la causa de cada muerte: deben esclarecerse los casos. Preservar expedientes e investigar sin interferencias es obligación inmediata.

Zoé Robledo afirmó que se buscan fallas en los procesos, sin criminalizar al personal. Investigar el sistema es indispensable; esconder las jerarquías detrás de la palabra “proceso” sería inadmisible. Si existieron omisiones evitables, deben establecerse responsabilidades. Quien dirige responde por recursos, mantenimiento, vigilancia y decisiones. El mando debe explicar los daños.

En Cancún, personal del Hospital de Ginecopediatría número 7 denunció climatización deficiente, hacinamiento, falta de equipo, vacantes y retrasos en un bono. Los señalamientos publicados el 3 de octubre requieren verificación y respuesta documentada. Recibir un oficio no corrige una falla. Las advertencias deben atenderse antes de una tragedia. Escuchar al trabajador es también proteger al enfermo.

El deterioro alcanza la seguridad laboral. Durante las protestas de Cancún se denunciaron amenazas y agresiones de usuarios ante las carencias. La desesperación jamás justifica la violencia. El IMSS debe proteger a quien enfrenta reclamos por carencias ajenas. Salarios, prestaciones y retiro digno sostienen la estabilidad laboral y la atención.

La OMS identifica sobrecarga, falta de personal, violencia e inseguridad laboral como riesgos para la salud mental. El estrés prolongado puede favorecer agotamiento, ausentismo y errores. No es un diagnóstico colectivo del IMSS: es evidencia para actuar. Exigir empatía a profesionales exhaustos sin corregir su entorno convierte el humanismo en explotación moral. La vocación no sustituye descansos, insumos ni protección.

Rafael Olivos enfrenta un cuestionamiento directo: el 1 de octubre, trabajadores y jubilados exigieron en la capital su destitución, un aumento salarial de 10% y mejores condiciones laborales. Son demandas, no sentencias ni pruebas de delitos. Evidencian una ruptura. Sindicato y dirección pierden legitimidad cuando exigen sacrificios sin responder.

La influenza y otras infecciones respiratorias estacionales añaden necesidades de prevención y atención. Vacunar y vigilar infecciones exige capacidad real. En Chetumal se aceptó el terreno para un hospital de 120 camas: un avance que todavía no ofrece camas nuevas. Confundir proyectos con servicios agrava el abismo entre anuncios y atención.

No hay lugar para la complacencia de Robledo ni de Olivos, que el desgaste como funcionario y representante evidencian su falta de oficio, y verborreico compromiso con los servidores de salud. Urgen abasto verificable, plantillas suficientes, hospitales seguros y auditorías públicas. Proteger a denunciantes y sancionar omisiones probadas es recuperar autoridad. El IMSS no pertenece a sus mandos: pertenece a una sociedad que lo sostiene y necesita. Su orgullo regresará cuando cuidar deje de depender del sacrificio del trabajador y esperar deje de ser el destino del paciente.