Quintana Roo volvió a aparecer entre las entidades donde más aumentaron los precios. Durante la primera quincena de agosto registró una variación de 0.81%, la más elevada del país junto con Yucatán y Tabasco. El dato parece pequeño desde un escritorio climatizado, pero en el hogar significa alimentos recortados, transporte más caro y un regreso a clases convertido en prueba de resistencia.

El problema no es solamente que todo cueste más, sino que el empleo formal dejó de acompañar el crecimiento. Al cierre de julio, Quintana Roo presentó 2.4% menos puestos afiliados al IMSS que un año antes. Mientras el país presume cifras históricas, la entidad camina en sentido contrario. Llegan turistas, se levantan hoteles; sin embargo, la prosperidad permanece arriba y la precariedad se distribuye abajo.

Las autoridades celebran cualquier aumento de ocupación como si todo trabajo fuera bienestar. No lo es. En el primer trimestre de 2026 había 429 mil personas en la informalidad en Quintana Roo, equivalentes al 42.4% de quienes trabajaban. Son ciudadanos sin estabilidad, seguridad social, vacaciones, retiro ni protección frente a una enfermedad o un despido.

El salario promedio mensual rondó los 9,210 pesos: cerca de 10,700 para trabajadores formales y 7,190 para informales. Cantidades que se atomizan entre renta, electricidad, transporte, alimentos, útiles y medicamentos. El dinero no termina el mes porque el mes cuesta más que el salario. Hablar de “prosperidad compartida” no basta; debe probarse quién comparte la riqueza y quién los sacrificios.

Yucatán comparte esta presión inflacionaria y, como Quintana Roo, enfrenta otra obligación. Ambos estados se han visto rodeados por controversias y cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos. No toda observación demuestra corrupción ni toda denuncia constituye delito; pero ninguna autoridad puede usar esa precisión jurídica para evadir la rendición de cuentas.

Desde el análisis de políticas públicas, la transparencia no consiste en publicar boletines, fotografías o cifras aisladas. Exige presupuestos abiertos, contratos rastreables, licitaciones competidas, padrones verificables, indicadores de resultados y auditorías con consecuencias. Cada peso debe seguirse desde su autorización hasta el beneficio concreto: empleos creados, medicamentos entregados, escuelas atendidas o servicios mejorados.

La confianza electoral no es un cheque en blanco. La austeridad debe reflejarse en decisiones comprobables, no en discursos repetidos mientras el ciudadano absorbe el costo de la ineficacia. Quienes recibieron el mandato de conducir Quintana Roo y Yucatán deben responder con eficiencia, honestidad y compromiso. Cuando el ingreso familiar pierde valor, cualquier gasto superfluo, contrato dudoso o privilegio resulta política y moralmente más ofensivo.

Resulta indignante que estados capaces de sostener resorts, megaproyectos y turismo internacional no garanticen empleos formales y salarios dignos para la mayoría. Sus trabajadores no pueden seguir financiando con precariedad la comodidad de visitantes, inversionistas y funcionarios.

Estos dos bastiones del sureste mexicano no pueden ser paraísos para el capital y territorios hostiles para sus trabajadores. Cuando los precios suben, el empleo formal retrocede y los salarios se pulverizan. La riqueza no se mide por visitantes o discursos, sino por familias capaces de vivir sin miedo a la próxima renta, enfermedad o despensa.