Quintana Roo acaba de recibir un reconocimiento que nadie quería. El INEGI confirmó que es el estado más caro del país. Mientras que en otras entidades la inflación dio un respiro, aquí el costo de la vida continúa escalando. La despensa cuesta más, las rentas son más altas, el combustible pesa cada vez más en el bolsillo y cualquier salida implica gastar más dinero.

En muchas ciudades del mundo, especialmente en Europa, vivir es caro porque también existe un alto nivel de bienestar. Hay transporte eficiente, vialidades en buen estado, espacios públicos dignos, servicios de calidad y gobiernos que devuelven a los ciudadanos parte de lo que pagan en impuestos.

En Quintana Roo sucede exactamente lo contrario. Cancún presume hoteles de lujo mientras cientos de colonias y regiones sobreviven entre calles destrozadas, inundaciones y asentamientos irregulares donde miles de familias siguen esperando servicios básicos.  

Chetumal tampoco escapa al abandono: hundimientos, zanjas abiertas durante meses, alcantarillas sin tapa, apagones constantes y una infraestructura que envejece sin que exista una estrategia seria para recuperarla.

Aquí los ciudadanos pagan más, pero reciben menos. Y como si el elevado costo de la vida no fuera suficiente, ahora hay que agregar otro impuesto no oficial, que se le conoce como la famosa “mordida”. Resulta indignante que quienes deberían proteger a la población sean señalados, una y otra vez, por extorsionar a conductores, comerciantes o ciudadanos. Cuando la autoridad deja de ser garantía de seguridad y se convierte en motivo de preocupación, el deterioro institucional alcanza otro nivel.

Así, al precio de la canasta básica, de la gasolina, del gas y de los servicios, muchos terminan sumando el costo de defenderse de los propios servidores públicos. Es una carga económica y moral que ningún ciudadano debería soportar.

La llamada cuarta transformación prometía gobiernos cercanos a la gente, austeridad, honestidad y un cambio profundo en la forma de gobernar. En municipios como Benito Juárez y Othón P. Blanco esa promesa fue suficiente para ganar la confianza de miles de electores que esperaban una mejora real en su calidad de vida.

Sin embargo, los problemas estructurales siguen ahí y se han multiplicado. Los baches continúan creciendo, las inundaciones se repiten cada temporada de lluvias, los apagones se han vuelto frecuentes, la movilidad sigue siendo deficiente y la percepción de inseguridad no desaparece. La diferencia es que ahora todo cuesta mucho más.

Lo preocupante es que, pese a los resultados, el grupo político en el poder está única y exclusivamente concentrado en conservar posiciones rumbo a las próximas elecciones.

Ser el estado más caro del país debería ser motivo de orgullo únicamente si también se ofreciera la mejor infraestructura, los mejores servicios y una administración pública eficiente. Pero cuando el dinero de los ciudadanos no se traduce en bienestar, la factura deja de medirse en pesos y comienza a cobrarse en desconfianza y hartazgo.

Quintana Roo merece mucho más que encabezar los rankings de inflación. Porque vivir caro es aceptable cuando se vive bien. Lo inaceptable es pagar cada vez más para recibir cada vez menos.