El IMSS, Issste y el recién IMSS-Bienestar encarnaron una promesa de país: atención para todos. Esa promesa no pertenece a los directivos ni a las delegaciones. La sostienen el personal que atiende y los pacientes que necesitan atención oportuna. Cuando todos quedan atrapados entre carencias y propaganda, la institución pierde su razón de ser. 

El IMSS informó que realizó 1.78 millones de cirugías en 2025, casi 30% más que el año anterior. El dato merece reconocimiento; también preguntas incómodas. ¿Cuánto esperó cada paciente? ¿Cuántas operaciones se suspendieron y por qué? ¿Cuántos enfermos recibieron el tratamiento completo y cuántos terminaron pagando de su bolsillo? Presumir volumen sin mostrar resultados clínicos es confundir actividad con atención efectiva.

El Inegi estimó que en 2024 había 44.5 millones de personas, 34.2% de la población, con carencia por acceso a servicios de salud. Esa medida tiene una definición estadística precisa; no significa que todos hayan quedado sin consulta. Cada cifra exige preguntarse quién pudo recibir atención continua y quién encontró una puerta cerrada cuando más la necesitaba.

En Yucatán, como en cualquier estado, toda denuncia de cancelaciones injustificadas, cambios arbitrarios de turno, falta de insumos o trato indigno exige investigación documentada. No corresponde dictar culpables desde una columna. Corresponde exigir que se conserven listas quirúrgicas, expedientes, inventarios y registros de personal, y que una auditoría independiente reconstruya las decisiones. 

Resulta ofensivo escuchar discursos de directivos que celebran metas mientras ignoran la experiencia de quienes esperan. De poco han servido los sindicatos cuando callan ante las carencias y parecen repartirse el pastel con los titulares delegacionales. Sí, existen pactos, privilegios o encubrimientos, y hay que investigarlos y sancionarlos. El personal médico y de enfermería no puede compensar indefinidamente vacantes, equipos inservibles y decisiones administrativas opacas. Su voz debe contar en la solución, sin represalias por denunciar. Tampoco deben convertirse las quejas de los pacientes en estadísticas incómodas que se archivan: cada una merece folio, respuesta y seguimiento verificable.

La auditoría debe ser externa, con pacientes, profesionales y especialistas sin conflictos de interés; revisar esperas, suspensiones, surtimiento completo, complicaciones y desenlaces, con protección de datos personales. Debe publicar indicadores comparables por unidad y recomendaciones con responsables, plazos y seguimiento.

Una institución existe por su capital humano y por sus derechohabientes, no por el aplauso que reciben sus jefes. Recuperar la confianza exige menos autocomplacencia y más verdad verificable. Urge dignificar la profesión con respeto, salarios justos y no bajo argucias donde los incrementos insultantes se compensan con prestaciones que poco servirán al momento de jubilarse. Hay que buscar gente capaz que logre revertir el despojo y erradicar de tajo a los vendepatrias que presuntamente los representan. Yucatán, por lo visto, es un caso perdido, del cual solo lograremos un bambuco y sonrisas que avergüenzan a los servidores de la salud.