La narrativa facciosa comienza cuando el poder selecciona los aplausos y desecha los reclamos. En el IMSS, presentar cada incremento de productividad como prueba definitiva de bienestar supone ignorar una pregunta elemental: ¿en qué condiciones trabajan quienes sostienen esos resultados? Ningún boletín sustituye escuchar al personal ni garantiza que cada paciente reciba atención oportuna. 

El propio Instituto informó que durante 2025 realizó 1.78 millones de cirugías, treinta por ciento más que el año anterior, y 104 millones de consultas de medicina familiar. Son cifras relevantes, pero insuficientes para declarar resueltos los problemas. Contar procedimientos no explica, por sí mismo, cargas laborales, disponibilidad de insumos, seguridad del personal ni calidad de cada atención. 

La distancia entre celebración y experiencia quedó expuesta el pasado 9 de octubre: trabajadores del IMSS bloquearon vialidades de la Ciudad de México para exigir mejoras salariales, condiciones laborales y abastecimiento de medicamentos, según documentó El País. La protesta obliga a escuchar. Descalificarla sería convertir la inconformidad en enemiga cuando debería funcionar como advertencia. 

También existe documentación oficial que exige explicaciones. En la auditoría 195 de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación señaló que el IMSS no acreditó formatos de remisión correspondientes a 480 órdenes de reposición, por 333.5 millones de pesos. Además, observó falta de acreditación de registros sanitarios de 48 medicamentos. Estos hallazgos no equivalen automáticamente a corrupción probada; sí exhiben deficiencias documentales que requieren aclaración y seguimiento público. 

Mientras tanto, el comunicado sobre el contrato colectivo 2025–2027 celebró un incremento de 8.1 por ciento en salario y prestaciones y recogió reconocimientos mutuos entre Zoé Robledo y Rafael Olivos Hernández. Ese respaldo institucional no cancela las demandas actuales. Un sindicato pierde autoridad moral cuando sus felicitaciones resultan más audibles que las necesidades de sus representados. 

La época de vacas gordas debe terminar para quienes entienden la dirección como comodidad, obediencia y administración de imagen. No es una predicción de destituciones: es una exigencia de rendición de cuentas. Funcionarios a modo, incapaces de incomodar a sus superiores con diagnósticos honestos, terminan construyendo una institución imaginaria mientras la verdadera exige respuestas. 

Urgen indicadores públicos sobre vacantes, jornadas, recetas completas, cancelaciones quirúrgicas y riesgos laborales; auditorías con seguimiento verificable; participación efectiva de la base y protección frente a represalias. La productividad merece reconocimiento cuando viene acompañada de condiciones dignas, no cuando sirve para clausurar el debate. 

El IMSS pertenece a trabajadores y derechohabientes, no a quienes ocupan temporalmente sus oficinas. Su prestigio no se recuperará con ceremonias ni consignas. Se recuperará corrigiendo fallas, escuchando sin soberbia y exigiendo responsabilidades. Quien necesita silenciar a la base para presumir éxito ya confesó la fragilidad de su gestión. La salud pública exige verdad, trabajo y resultados verificables, sin excepciones. Pena ajena de otrora coloso, actual caricatura del gobierno.